Hoy quiero proponerles una pequeño test: ¿cuál de estas opciones les parece que ha utilizado la Conselleria de Educación dentro de su última actuación en materia de innovación tecnológica?
A) La dotación de material informático a los centros.
B) La organización de cursos a docentes para la incorporación metodológica de nuevas tecnologías.
C) El envío de una carta de advertencia sobre que el uso de Windows corresponde pagarlo a los propios colegios.
Efectivamente, han acertado: la opción C es la correcta. Cuando se trata de política educativa, en nuestra Comunidad la más surrealista de las posibilidades es siempre la elegida.
En esta materia, como en todas las tocantes a la gestión de lo público, este Gobierno transita por dos vías que nunca convergen: la del discurso propagandístico y la de la política real que ejecuta. Conselleria presume del ser TIC y tiene una Dirección General de Innovación, una de cuyas funciones es incorporar las nuevas tecnologías a la gestión de centros y a la docencia… Siempre que ello no se salga de los exiguos presupuestos que para nuestros gestores se merece la educación pública. Dentro de ese santificado principio de la “racionalización y contención del gasto” (que no se aplica a según qué cosas, como los eventos megalómanos, el autobombo o las infraestructuras sin uso) se entiende que la Conselleria dote a los centros de un sistema operativo de software libre, el LliureX.
Hasta aquí, todo bien: Educación implanta en colegios e institutos un sistema común y gratuito con el que operan sus ordenadores. Sin embargo, en la práctica los centros se encuentran con los inconvenientes previsibles de salirse del omnipresente y monopolístico entorno Windows. ¿Qué viene un experto del Ayuntamiento a dar una charla sobre prevención de drogadicción? El portátil tiene problemas de compatibilidad para leer el archivo del lápiz de memoria que el buen señor iba a usar para su proyección. ¿Qué los profesores quieren trabajar en el cole con documentos que previamente habían elaborado en casa? Vuelta a los problemas de compatibilidad. ¿Qué se quiere dar una formación en informática a los alumnos que les resulte práctica para su vida social y laboral? Se encuentra uno con que el mágico LliureX sólo van a verlo de la puerta del centro para adentro…
Por estas causas, muchos centros incorporan el sistema operativo de Microsoft a determinadas computadoras o hacen partición del disco duro de las máquinas para poder compatibilizar ambos entornos. Hasta ahí, todo bien también, ¿no? Pues no. Educación ha enviado una carta a los directores advirtiéndoles que en breve habrá una inspección de técnicos de la Conselleria que comprobarán que cualquier programa no libre tiene las oportunas licencias, como paso previo a la visita que los centros recibirán de representantes de la empresa Microsoft, para auditar que los colegios e institutos públicos han pasado por caja.
La pregunta que surge inmediatamente es ¿se hará cargo la Conselleria de costear el pago de las licencias? Y la respuesta, ya obvia a estas alturas de una película con guión chusquero y previsible, es No. Es más, la administración advierte a los directores de que serán responsables de las consecuencias legales que se deriven del uso de productos no oficiales.
Tabletas de pago
Esta es la última del Departamento anti innovación la Conselleria, pero no la peor; lo triste es que todas van en la misma línea, la de no apostar de forma decidida y real por incorporar las nuevas tecnologías a la metodología docente y a la mejora de la eficacia en la gestión y en la comunicación entre los miembros de la comunidad educativa. Este verano, el departamento de Català se descolgó con el propagandístico plan experimental de tabletas, según cuya teoría nuestros niños de último ciclo de primaria iban a poder aprender sin libros y en el entorno educativo 2.0, y según cuya práctica los padres debían costear las tabletas, sus contenidos editoriales y los más que probables desperfectos, averías y problemas técnicos de cualquier tipo a los que podían verse sometidos unos dispositivos manejados por tiernos infantes de 11 y 12 años. Como consecuencia, muchos centros se negaron a participar en un proyecto que consideraron una tomadura de pelo y el experimento quedó reducido a unos 1.000 alumnos de 24 colegios.
En otras comunidades autónomas hace años que los alumnos llevan a clase dispositivos digitales con coste a cargo de la administración. Y no vale como excusa el comodín de la rigidez presupuestaria: cuando, antes de la crisis, el Ministerio financiaba estas iniciativas, la Conselleria no aprovechó la circunstancia; seguramente recordarán al inefable conseller Font de Mora alegando que los ordenadores propuestos por Madrid dañaban la vista de los alumnos.
Cuando estamos hablando de la incorporación de los más jóvenes a la innovación, estamos tratando de un asunto muy serio, pues nuestros hijos se están jugando su presente y futuro. Cada vez más expertos en educación advierten que la obsolescencia y desvinculación con el mundo real de las metodologías utilizadas en las aulas supone un importante porcentaje entre las causas del fracaso escolar. Pero es más, la incorporación a las TIC en condiciones de igualdad y la formación en este campo es un factor de cohesión socioeconómico y mejora las posibilidades de acceso al mercado laboral.
Sin embargo, para que estas condiciones positivas de la implantación de nuevas tecnologías en las aulas se den, es necesario que la administración tome una serie de medidas que garanticen el acceso igualitario a todos los alumnos, que impidan la discriminación por razones económicas. Nuestro Gobierno no está en esa onda. Las nuevas tecnologías, las matrículas universitarias, las estancias Erasmus, los profesores de apoyo, las infraestructuras decentes… para quien se las pueda pagar.
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